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Impuesto de Actos Jurídicos Documentados • Qué es, pago y porcentaje

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El Impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD) se conoce también como impuesto de hipotecas. Se trata de un importe aplicado a la escritura notarial. Este impuesto es aplicable a documentos mercantiles, administrativos y notariales. Para la mayoría de los ciudadanos supone un gran gasto que supera -a veces- todos los demás generados por la hipoteca. Algunas veces este gravemen alcanza el 70 por ciento del total de los gastos. Por un ejemplo, si un préstamo es de 100 mil euros, pudiese ascender por la responsabilidad hipotecaria a los 125 o 200 mil euros. Todo dependerá del organismo financiero que haga la hipoteca.

Se considera que España, dentro de la Unión Europea, es la nación que tiene el mayor impuesto sobre las hipotecas.  El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) se regula en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, específicamente los artículos que van desde el 27 al 44. A continuación te explicamos en este artículo todos los detalles de este importe.

¿Cuáles son los actos jurídicos a los que se le aplica este impuesto?

documentos

Según el Real Decreto 1/1993, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD) se aplica a todos aquellos actos jurídicos que se realicen en alguna de las tres siguientes formas: documentos notariales, mercantiles y administrativos.

Documentos notariales

En este caso, se aplican dos tipos de cuotas, una fija y una variable. Con respecto a la primera, se paga por matrices, copias de escrituras y actas notariales. De la misma manera, a esa lista se agregan los testimonios. Todos los documentos mencionados por 0,30 euros por pliego o 0,15 por folio, se extienden en papel timbrado a elección del notario en cuestión, siendo el importe el impuesto correspondiente al trámite.

Por su parte, la cuota variable aplica para las copias de escrituras y actas notariales. Esto ocurriría siempre y cuando tengan por objeto cantidades o cosas evaluables. Además de contener actos o contratos inscribibles, bien sea en los Registros de la Propiedad, Registro Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas y no sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, también aplicaría para los conceptos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La cuota variable se establece, por ejemplo, en las transmisiones de inmuebles que impliquen o tributen Impuesto del Valor Agregado (IVA). Así como también, en operaciones registrables como una segregación, están sometidas a la cuota variable.

Al tipo de gravamen aprobado en cada Comunidad Autónoma tributarán los documentos notariales. En su defecto, al 0,50 por ciento. Es importante mencionar que, cuando se hable de sujeto pasivo se refiere a quien adquiere el derecho o el bien. En su defecto, serán aquellos ciudadanos que hayan hecho la solicitud de documentos notariales o quienes en cuyo interés se expidan. Con respecto a la base imponible, es propicio aclarar que. cuando se tenga por objeto directo cantidad o cosa evaluable en las primeras copias de las escrituras, se podrá utilizar el valor declarado sin perjuicio de que pueda existir alguna comprobación administrativa, como base.

Documentos mercantiles

Cuando un documento contenga la función de giro o conlleve un crédito susceptible de ser transmitido o endosado, el impuesto se satisfará por su emisión o expedición. Esto sucede con las letras de cambio, los bonos, los documentos que tengan relación de pagarés de cambio. Así como también, los certificados de depósito transmisibles, las obligaciones y cualquier título de deuda empresarial o corporativa que no sea máxima a los 18 meses.

Se entiende que, cuando un documento tiene la función de giro demuestra la remisión de fondos de un sitio a otro o incluye una orden de pago. Se declara responsable solidario del pago del impuesto a aquellos ciudadanos o entidades que formen parte del negocio. En el caso de los documentos de empresas, el pago del impuesto se devenga al momento de expedición o de liberación del documento.

Documentos administrativos

Se considera así, en primer lugar, a aquellas escrituras de rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobilarios. Estas últimas ocurren entre descendientes y ascendientes. Bien sea hermanos, cuando uno de los títulos o grandeza ostentadas por uno de ellos. Cuando existe interrupción de posesión, pudiendo ser liquidado un solo derecho al sujeto pasivo se trata de una escritura de rehabilición y grandeza. En ambos casos, el impuesto se agrava mediante una escala de gravemen.

Como segundo punto, también los documentos administrativos tienen relación con todas aquellas anotaciones de prevención practicadas en los registros públicos. Cuando estos tengan un derecho o interés vualuable como objeto.  El tipo de gravemen es del 0,50 por ciento. El beneficiario del título será quien debe pagar el impuesto obligatoriamente. Sin embargo, este impuesto recaerá en el ciudadano que las pida si se trata de las anotaciones.

¿Cuál es el porcentaje que debo pagar por este impuesto?

Dependerá de la Comunidad Autónoma en la que sea realizado el préstamo o importe de una hipoteca donde se establezca el porcentaje que se debe pagar. Las cifras oscilan entre el 0,5 y el 1,5 por ciento por compra-venta en el territorio español.

Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia, son las comunidades en las que se aplica el mayor gravemen, este corresponde al 1,5 por ciento. El menor pago representado en 0,50 por ciento, se fija en Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco. Por su parte, en Castilla-La Mancha se establece el 1,25 por ciento.

En Asturias, Baleares y Extremadura se aplica el 1,2 por ciento. Mientras que en Madrid, se debe pagar una de las tasas más bajas que la media de España, de 0,75. Este valor contrasta, de alguna manera, los precios elevados de los alquileres en la capital.

En algunas Comunidades Autónomas se brindan apoyo con extinciones o reducciones para personas con discapacidad, familias con un gran número de integrantes o ciudadanos jóvenes. Esto, con la finalidad de hacer más fácil el acceso a la vivienda en estas comunidades. Para mayor información sugerimos ubicar a un conocedor de la materia o uno de los organismos competentes, así podrías disipar todas tus dudas sobre el tema.



Soy licenciado en Derecho desde el año 2005. Desde entonces he desarrollado mi actividad profesional en el despacho de Loustau Abogados. Especializado en la defensa de las administraciones públicas así como en la de los intereses particulares. En la jurisdicción penal, especializado en la defensa de delitos de la más variada índole, desde los delitos contra las personas hasta los relacionados con el patrimonio y los económicos.


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