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¿Se puede embargar una pensión? Cuándo y cuál es el porcentaje

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La palabra «embargo» nos atemoriza a todos en caso de deudas. La pérdidas de bienes, propiedades o dinero a cambio de saldar una mora no es tan factible como parece. Pero los embargos son soluciones en estos casos. Es importante saber que, ocurren en el caso extremo del impago. Antes de llegar a él, las autoridades tienen unas cuantas vías por las cuales resolver el inconveniente. En cualquiera de los casos, para embargar se requiere un protocolo. Lo importante es pagar a tiempo y evitar estas consecuencias.

Pero, cuando el deudor no posee bienes o no cuenta con los recursos para pagar, ¿Se puede embargar una pensión o una cuenta nómina? Esta es una pregunta recurrente. La respuesta a ella es sí. Un juez puede establecer los mecanismos para embargar y pagar las deudas del pensionista o trabajador. Debemos tomar en consideración que es casi nunca ocurre, pero es legal y posible. Aquí vamos a explicar más sobre el tema.

¿Qué dice la ley sobre embargar una pensión o el salario?

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Legalmente, sí. Hay argumentos jurídicos para embargar pensiones o salarios. Cuando un ciudadano no posee otro ingreso para hacer frente a la mora, es viable optar por este camino. Pero, no es tan fácil, ni tampoco la primera opción. Se deben realizar ciertos pasos previos para llegar hasta este lugar. Sin embargo, esta no será siempre el camino. Cuando el embargo atente contra la dignidad del ciudadano o lo exponga a una situación de vulnerabilidad, no será procedente. En este caso, vamos a explicar un poco lo que indican las leyes en cuanto al tema.

Ley de Enjuiciamiento Civil

La Seguridad Social, tomada de la mano de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), indica que las pensiones sí  se pueden embargar solo si el importe de la prestación es mayor a la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente para el momento. Cuando el «el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional» no puede ser embargada, según relata el artículo 607 de dicho estamento.

Asimismo, la LEC define que si el ciudadano es beneficiario de varias prestaciones, se juntarán todas para establece qué puede ser inembargable. En todo caso, también se agregarán los salarios o pensiones del cónyuge a este cómputo, siempre y cuando no se esté en separación de bienes, para saldar la mora. En cuanto a la protección de las cargas familiares, se les podría realizar un descuento de 10 a 15 % de las cantidades definidas.

Código Civil

Por su parte, el Código Civil también aboga por el embargo. En su artículo 1.911 establece la responsabilidad patrimonial y universal de quien debe. En ese mismo caso, establece que es «del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros». Eso significa que el ciudadano, legal y jurídicamente, está obligado a pagar con sus bienes presentes y futuros hasta saldar la deuda.

En ese caso, el ciudadano puede ser embargado con todo lo que tiene para poder pagar.

Estatuto de los trabajadores

Ante las leyes, que parecen injustas para quien debe, el Estatuto de los Trabajadores, como garantes del respeto y derecho de los empleados, dispone de una contraparte. Al leer los argumentos legales previos se piensa que, es posible que en una situación como la antes mencionada, el ciudadano quede en situación de vulnerabilidad. Para evitar este tipo de episodios indeseados, en su artículo 27.2 interpone una condición: «El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.» Este, también resaltado en la LEC.

¿Cuál es la cantidad o porcentaje legal para embargar?

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Después de explorar un poco sobre el marco jurídico del embargo, se pasa a la siguiente fase: ¿Cuál es el porcentaje a embargar? Después de conocer que solo se puede llegar a este punto si el ciudadano obtiene una pensión o salario superior al SMI, es importante conocer la cantidad que se puede descontar para pagar la deuda.

Según el artículo 107.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las pensiones y salarios se pueden embargar de la siguiente forma:

  • Si el ciudadano cobra el doble del SMI, se le puede embargar el 30 % de la cantidad total.
  • Cuando el ciudadano obtenga el triple del SMI, se puede embargar el 50 % de la cuantía.
  • Si el importe mensual es igual a cuatro salarios mínimos se puede embargar el 60 %.
  • Cuando la cuantía mensual sea igual a cinco salarios mínimos, se puede embargar el 75 %.
  • Cualquier cantidad que excede los seis salarios mínimos interprofesionales de forma mensual, tendrá un embargo de 90 % de total.

Como antes se mencionó, si el ciudadano tiene cargas familiares, un juez puede reducir entre el 10 o 15 % de los porcentajes de embargos antes mencionados. Se deben descontar los descuentos de carácter público que tenga el empleado o pensionista antes de establecer un porcentaje definido. Asimismo, se contarán todos los ingresos y del cónyuge para saldar la deuda.

¿Qué se considera inembargable?

Aunque el Código Civil define que se tiene responsabilidad de pagar con todos los bienes materiales presentes y futuros, la Ley en Enjuiciamiento Civil establece bienes inembargables bienes absolutamente inembargable. En este sentido, los artículos 605 y 606 de la LEC establecen lo que NO se pueden embargar:

  • El mobiliario y menaje de la casa.
  • Ropas del deudor y su familia. Alimentos, combustibles, agua y cualquier otro bien que, judicialmente, puede considerarse indigno en contra de la persona y colocarla en un patrón de vulnerabilidad social.
  • Libros u objetos necesarios para ejercer la profesión. Siempre y cuando este no guarde un valor que pueda ser proporcional al pago de la deuda.
  • Bienes dedicados al culto o religión del ciudadano.
  • Bienes o cantidades consideradas inembargadables por tratados acordados por España.


Soy licenciado en Derecho desde el año 2005. Desde entonces he desarrollado mi actividad profesional en el despacho de Loustau Abogados. Especializado en la defensa de las administraciones públicas así como en la de los intereses particulares. En la jurisdicción penal, especializado en la defensa de delitos de la más variada índole, desde los delitos contra las personas hasta los relacionados con el patrimonio y los económicos.


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