caducidad del procedimiento sancionador

¿Cómo es la Caducidad del Procedimiento Sancionador?

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Siempre que se abre un procedimiento administrativo, se debe tener en cuenta que este puede tener un plazo de caducidad. Es por esto que se ha establecido la caducidad del procedimiento sancionador, de la cual hablaremos en este post, y que tiene muchos aspectos que debes conocer.

Es importante tener en cuenta que cualquier empresa está obligada a dictar la resolución de cualquier procedimiento en un plazo determinado. Normalmente son 3 meses desde el inicio del proceso, aunque en algunos casos dependiendo de la norma reguladora puede ampliarse hasta seis meses.

Sin embargo, cuando la administración no resuelve el procedimiento, se pasará a tener en cuenta que se puede tener una caducidad del procedimiento sancionador. Si te interesa conocer más al respecto, entonces continúa leyendo porque esta información te interesará.

¿Cómo se puede dar la Caducidad del Procedimiento Sancionador?

Lo primero a tener en cuenta es que debe existir un procedimiento sancionatorio en contra de un trabajador. El cual puede terminar con una multa o con el despido disciplinario del trabajador. El proceso sancionador funcionará de la siguiente manera:

Notificación

En este momento, se dicta el acuerdo de iniciación del procedimiento. Es importante que el directamente implicado sea notificado, o de lo contrario se puede aplicar directamente la caducidad del procedimiento sancionador.

Es decir, en el caso de que el trabajador no sea avisado del procedimiento, este carecerá de validez. Por lo tanto, se puede dar lo que se conoce como la muerte del procedimiento.

Caducidad por tiempo

Se debe tener en cuenta que, también se puede presentar la caducidad por tiempo. En el caso de que la empresa no pueda resolver el procedimiento se aplicará el tiempo de vida, de acuerdo a la fecha en la cual se ha iniciado el expediente.

Si no se tiene una notificación de resolución durante el tiempo que establece la ley, este también carecerá de validez.

¿Qué consecuencias trae la caducidad?

Cuando un procedimiento es cerrado porque no se ha obtenido una respuesta por parte de la administración, pueden existir dos escenarios diferentes:

  • Se dictará una resolución de caducidad por la empresa, y se archiva el procedimiento.
  • Puede tenerse una resolución nula y podrá recurrirse.

En el caso específico de que se continúe con el procedimiento caducado, este será nulo. Pero en algunas ocasiones se debe recurrir a la administración por la vía legal, para que se pueda dar el cierre definitivo del expediente sancionador.

¿En qué casos la empresa puede sancionar al empleado cuando haya caducado el proceso?

Debes tener en cuenta que la caducidad del procedimiento sancionador no quiere decir que la empresa no tenga más recursos para sancionarte. Por el contrario, siempre que la infracción no haya prescrito la empresa podrá abrir un nuevo procedimiento sancionador.

Sin embargo, si la infracción ya ha prescrito, no se podrá iniciar un nuevo procedimiento, y no aplicará la sanción para el trabajador. La administración de la empresa tendrá un plazo para tramitar y resolver el procedimiento sancionador, pero también tiene un plazo para iniciarlo.

Esto quiere decir que, una vez que se cometa la infracción, la empresa tendrá tiempo hasta que se produzca la prescripción de la infracción para hacer el trámite. Por lo tanto, esto habilita a la empresa para tener un plazo superior al que se dispone normalmente para que se pueda hacer el trámite.

Es por esto que, cuando la situación que ha generado la sanción ya ha prescrito, no se podrá iniciar ningún procedimiento sancionatorio. Normalmente las infracciones prescriben a los seis meses, por lo cual, si la empresa no abre un procedimiento sancionador en tu contra, no podrá hacerlo posteriormente.



Soy licenciado en Derecho desde el año 2005. Desde entonces he desarrollado mi actividad profesional en el despacho de Loustau Abogados. Especializado en responsabilidad civil, con gran experiencia en ámbito de los daños materiales y personales en accidentes de tráfico tanto desde la perspectiva de la entidad aseguradora como desde la de los perjudicados, así como en Derecho de familia, arrendamientos y Mediación Civil y Familiar.
 En materia contencioso-administrativo, con experiencia en la defensa de las administraciones públicas así como en la de los intereses particulares. En la jurisdicción penal, especializado en la defensa de delitos de la más variada índole, desde los delitos contra las personas hasta los relacionados con el patrimonio y los económicos.


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