Carta certificada

Consecuencias de no recoger carta certificada

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Las compañías de reparto españolas manejan gran variedad, entre ellas destaca la mensajería certificada. El servicio, básicamente, consiste en registrar los correos o cartas desde el ingreso al sistema. En otras palabras, la carta certificada que te envíen contará con un constante rastreo.

El propósito de este seguimiento es para que el remitente verifique la recepción del destinatario. Por lo tanto, en este artículo te hablaremos principalmente de las consecuencias de no recoger una carta certificada. De igual manera, te orientaremos sobre cómo saber el contenido, quién puede revisarla, su validez y todo sobre el marco legal.

¿Qué es una carta certificada?

carta certificada qué es

Las cartas certificadas forman parte de los paquetes que se envían a través de los correos. La peculiaridad de esta es que garantiza la entrega de un recibo con sello y fecha. Estos datos son suministrados por la agencia de servicio postal. En la actualidad, existe una plataforma en línea donde pueden enviar documentos certificados.

En España encontrarás empresas que llevan a cabo la certificación vía electrónica y estas, a su vez, arrojan actas de comunicación. De esta manera, puedes ahorrar papel y evitar la espera para enviar la carta. Vía Internet también transmitirás el mensaje, envías el contenido y obtienes el acuse de recibo.

Consecuencias de rechazar una carta certificada

Carta certificada rechazada

Las consecuencias legales dependerán del emisor de la carta. Por ejemplo, si la misma se envía entre ciudadanos, naturales no posee gran relevancia, ya que no garantiza el conocimiento del contenido de la misma. Sin embargo, las cartas certificadas emitidas por el Estado o por un abogado tienen mayor validez. Por ejemplo, rechazar las cartas de la Agencia Tributaria para notificar cierta información o de cualquier otro ente de la administración pública acarrea sanciones, hasta procesos legales.

El Estado español tiene la potestad de iniciar cualquier procedimiento, sin distinción de su tipología, ante un ciudadano. Estos procedimientos pueden ser del tipo civil, penal, administrativo e incluso de avisos de sanciones.

Por lo tanto, la administración pública se encargará de notificar el mismo a través de una carta certificada. Este documento legal será enviado a la dirección de domicilio. En el caso que el destinatario no recoja la carta permite la firmeza del aviso.

Por su parte, la empresa de servicios postales seguirá intentando entregar la certificado. Cabe destacar que hay procedimientos que demandan más de un intento de entrega. No obstante, si aun así no es posible la recepción dejarán una notificación de correo.

Luego de transcurrido el plazo para el retiro de la carta, se validará el rechazo de la misma. Asimismo, el procedimiento emprendido por el Estado continuará; pero el ciudadano no podrá alegar la ausencia de aviso como defecto de forma. En este contexto, el Tribunal Supremo de España posee una doctrina que establece que el rechazo de la carta es suficiente para culminar el procedimiento.

¿Cuándo se rechaza este tipo de documentos?

Como mencionamos anteriormente, en la carta certificada se reflejará claramente la fecha de envío y la entrega a su destinatario. Cabe destacar que el envío se hará en la manera tradicional, así que la persona la recibirá en la dirección de su casa. Por supuesto, la recepción de la misma debe constar con la firma del destinatario. En el caso que la persona no se encuentre en casa, el repartidor tiene que dejar una notificación para recogerla o enviar el certificado.

En este sentido, es importante mencionar que el periodo para recoger la carta certificada es generalmente de quince días. Los días se comienzan a contar desde el primer intento de entrega en la dirección domiciliaria. Una vez transcurridos los quince días, la carta se regresa al remitente. Por tal razón, se sobreentiende que la carta fue rechaza por el destinatario.



Soy licenciado en Derecho desde el año 2005. Desde entonces he desarrollado mi actividad profesional en el despacho de Loustau Abogados. Especializado en la defensa de las administraciones públicas así como en la de los intereses particulares. En la jurisdicción penal, especializado en la defensa de delitos de la más variada índole, desde los delitos contra las personas hasta los relacionados con el patrimonio y los económicos.


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