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Silencio Administrativo • Pasos para solicitar el certificado

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Silencio Administrativo • Pasos para solicitar el certificado
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Es probable que en un momento determinado solicites algún trámite a la Administración Pública de España. Procesos al Ayuntamiento, al Gobierno, al Estado o cualquier otro organismo. Puede darse el caso de que la institución responda, pero también puedes encontrarte en el escenario de que ellos no lo hagan. Esta ausencia de resolución también debe considerarse como un dictamen. En los términos jurídicos se conoce como Silencio Administrativo.

El silencio administrativo es una práctica de vieja data en el mundo de la jurisprudencia. Se da precisamente cuando una persona requiere de una respuesta a cualquier solicitud expresada a un órgano de la administración pública y éste no responde. Pero, ¿Este tipo de conducta está regulado por la ley? ¿Qué efectos o consecuencias tiene para el solicitante y el Estado? ¿Sabías que existe un silencio administrativo positivo y uno negativo? ¿Cómo se debe realizar este procedimiento? Descubre las respuestas de estas interrogantes en el presente artículo.

El Silencio Administrativo

silencio

El silencio administrativo ha sido un concepto que ha generado muchas dudas en el pasado. Siempre ha sido fuente de distintas interpretaciones que son objeto de diversos análisis y discusiones. Hoy en día siguen presente estas interrogantes sobre el uso de este concepto y no han podido ser aclarados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Concepto

Es un efecto que se produce cuando el Estado, ante solicitud de una persona, no da resolución expresa de un acto administrativo. Un producto que se genera cuando al transcurrir el plazo de respuesta de un procedimiento, no se ha emitido contestación alguna o acción a seguir para finiquitar ese acto administrativo. También es importante resaltar que las administraciones públicas tienen la obligación y el deber de resolver dentro del plazo determinado cualquier acto o procedimiento público.

También puede contextualizarse como una acción jurídica establecida con el fin de dar un tipo de protección y seguridad legal a los particulares ante cierta negligencia de algún órgano de la Administración Pública. Entonces, entendemos que el silencio administrativo es una de las formas admisibles de finiquitar los procedimientos administrativos.

Puede darse el caso de que el mismo no sea resuelto en el tiempo planificado por falta de recursos o de personal. Pero siempre debe tratar de resolverlo en el tiempo determinado. Es y será uno de los objetivos prioritarios de las administraciones públicas. Sinonimos del silencio administrativo es la inactividad de los órganos de la nación española. Por ley, ellas están obligadas a concluir el procedimiento administrativo de forma expresa y realizar la  notificación de la resolución al interesado dentro de un plazo determinado.

Tipos de Silencio Administrativo

Al descifrar la palabra silencio, cuesta entender que existan otros tipos de silencio que permitan establecer una clasificación. Pero en el aspecto jurídico y específicamente del tema en cuestión, existen dos tipos. Aquí te los explicaremos:

Silencio Administrativo Positivo

Al parecer, la regla hoy en día es el silencio administrativo positivo. Práctica que ha cambiado mucho desde los ordenamientos legales establecidos desde los años de 1958. Es por ello que, si no existe una norma con fuerza de ley que anticipe que el silencio administrativo es negativo, el mismo será positivo. Ya que la Administración Pública no ha sido eficiente ante el procedimiento solicitado, no resolviendo ni notificado en el plazo determinado. Entonces por ministerio de la ley, ese silencio se convierte en un acto positivo, estimatorio de las pretensiones del solicitante, sean cual fueren. Esta interpretación tiene varios aspectos a tener en cuenta, veamos las siguientes:

  • No podemos olvidar que la administración pública está obligada a resolver. Pero en los casos de que el silencio administrativo fuese positivo, solo podrá ser de carácter confirmatoria. Es decir, si la pretensión del solicitante es contrario a Derecho, la Administración Pública no tiene justificación alguna para dictar una negativa cuando se está operando el silencio administrativo positivo.
  • De esta forma se obtiene lo que se conoce como silencio administrativo contra legem, ya que la administración no podrá neutralizar sus efectos.
  • Si dentro del lapso la administración pública no dio respuesta alguna, no resolvió o no dicto ningún tipo de objeciones, luego de ese tiempo no tendrá oportunidad para hacerlo.
  • En caso tal que la Administración presuma que el acto es ilegal y además perjudique los intereses públicos, la solución no podrá ser dictar una nueva medida desestimatoria que deje sin efecto el acto o procedimiento en cuestión. Sino que podrá realizar el inicio correspondiente de revisión de oficio.

Revisión de oficio

Por revisión de oficio se puede explicar a través de dos tipos de procedimientos. El primero denominado «revisión de oficio estricto» ya que prevé la norma para los actos nulos de pleno derecho. Estos se podrán iniciar en cualquier instante. El segundo se denomina «declaración de lesividad» siendo aquel previsto para los actos anulables. El Estado determinará que el acto será dañino (lasivo) para el interés público, el cual impugnará ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Silencio Administrativo Negativo

Por este tipo de silencio se entiende como un acto contradictorio o desestimatorio de la pretensión del solicitante. Es decir, «un rotundo NO» a la solicitud por parte de la Administración Pública. Ahora, ¿Qué puede hacer el solicitante ante este escenario al parecer desfavorable? Se presentan estas opciones:

  • Lo primero que debe hacer es esperar. A pesar de que el silencio administrativo negativo está en ejecución, la Administración sigue estando siempre en la obligación de resolver y dictar una resolución. La misma no se encuentra asociada al sentido desestimatorio del silencio. Es allí donde el solicitante puede contradecirlo y convertirse en una resolución estimatoria o positiva.
  • Otra vía que tiene el solicitante es lo que se conoce como interponer el recurso vía administrativa o ante los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo. Esta acción deberá realizarse como si de un acto desestimatorio se tratara.

Debes conocer que el silencio administrativo negativo tiene que venir amparado en una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o Derecho Internacional, siendo aplicable en España.

Acreditación del Silencio Administrativo

En primer lugar, se debe tener presente que el silencio administrativo se producirá automáticamente al día siguiente de haber vencido el plazo máximo que tenía la administración pública para dar una respuesta. En este sentido, el silencio administrativo otorgará validez al acto presunto del solicitante. Luego de ello, el mismo será eficaz a partir del día siguiente a que se produzca el silencio. Entonces tenemos lo siguiente:

  • Si hoy finaliza el plazo para resolver y notificar.
  • Mañana se validará el silencio.
  • Pero pasado mañana es cuando este silencio administrativo comenzará a producir efectos y será eficaz.

Finalmente, el silencio, según lo expresado en el ejemplo anterior, surtirá los efectos jurídicos cuando el certificado sea un medio adicional para poder realizar la acreditación respectiva. Aquí te dejo estos ejemplos:

a) Solicitud de Certificación por Interesado

solicitud certificado

b) Certificado

certificado1

c) Certificado

certificado2



Soy licenciado en Derecho desde el año 2005. Desde entonces he desarrollado mi actividad profesional en el despacho de Loustau Abogados. Especializado en responsabilidad civil, con gran experiencia en ámbito de los daños materiales y personales en accidentes de tráfico tanto desde la perspectiva de la entidad aseguradora como desde la de los perjudicados, así como en Derecho de familia, arrendamientos y Mediación Civil y Familiar.
 En materia contencioso-administrativo, con experiencia en la defensa de las administraciones públicas así como en la de los intereses particulares. En la jurisdicción penal, especializado en la defensa de delitos de la más variada índole, desde los delitos contra las personas hasta los relacionados con el patrimonio y los económicos.


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