Valoración catastral castilla y león

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Fecha:  Martes, 3 de octubre de 2017 Este año España se ha visto afectada por un número muy elevado de incendios forestales. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ya había activado el SGA en ocho ocasiones desde junio de 2017, por lo que esta nueva activación es la novena de España en relación con los incendios forestales. Ya se habían facilitado mapas de cicatrices de quemaduras para muchas zonas, más de cinco activaciones para Andalucía, una para Castilla La Mancha, una de la Comunidad Valenciana, y una primera para la Comunidad de Castilla y León.

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España es uno de los países más populares para los extranjeros que compran casas y apartamentos en Europa. Los ciudadanos españoles y extranjeros pagan anualmente el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta. Los inversores pagan el impuesto sobre las ganancias de capital y el impuesto sobre los ingresos por alquiler. Las empresas pagan un impuesto de sociedades del 25%.

Álava (País Vasco)6,0Andalucía8,0-10,0Aragón7,0Asturias8,0-10,0Islas Baleares8,0-11,0Vizcaya (País Vasco)6,0Islas Canarias6,5Cantabria8,0-10,0Castilla y León8. 0Castilla-La Mancha9,0Cataluña10,0 u 11,0Extremadura8,0, 10,0 u 11,0Galicia10,0Gipuzkoa (País Vasco)7,0La Rioja7,0Madrid6,0Murcia8,0Navarra6,0Valencia10,0

El impuesto sobre la venta de inmuebles grava la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta y oscila entre el 19% y el 23%. Es aconsejable conservar los registros electrónicos y en papel de todos los pagos asociados a él, ya que pueden existir deducciones fiscales.

Los vendedores de inmuebles también pagan el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). Su tipo varía según el municipio. Así se calcula este impuesto, por ejemplo, en Barcelona:

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IntroducciónCastilla-León (capital regional: Valladolid) es la región más grande de España y la tercera de Europa, con un territorio de 94.225 km2. Representa más del 5% de la población del país (2.407.733 habitantes en 2019) (Eurostat, 2020). La región ha creado un potente sistema de investigación, desarrollo e innovación, que fomenta la cooperación entre las empresas, las organizaciones de investigación y los agentes sociales. Este sistema tiene como objetivo desarrollar una economía basada en el conocimiento mediante la promoción de sectores clave como la industria aeroespacial, las energías renovables y las TIC.

Resultados del Cuadro Regional de Indicadores de InnovaciónÚltimos resultados del Cuadro Regional de Indicadores de Innovación: Según el Cuadro Regional de Indicadores de Innovación 2019 (RIS 2020), Castilla y León es un “Innovador Moderado”, con un rendimiento de la innovación que disminuye con el tiempo. No obstante, Castilla y León ha realizado grandes esfuerzos durante la última década para cumplir los criterios de convergencia de la UE. El Índice Regional de Innovación (IRI) en 2019 fue de 0,251 (puntuación normalizada), 78,6 respecto a España y 51,6 respecto a la UE. La variación del IIR entre 2011 y 2019 fue de -3,6 (puntuación normalizada).

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Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de los productos energéticos y de la electricidad y normas fiscales comunes aplicables a las empresas mat…

(b) Directiva 2003 /96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, relativa a la reestructuración del régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. (c) Directiva 2003 /123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 90 /435/CEE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.

Por otro lado, se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a los fondos de pensiones, siendo posible en el ámbito de los sistemas colectivos o de empleo que las aportaciones realizadas a los fondos de pensiones de otros Estados miembros tengan el mismo tratamiento fiscal que las realizadas a los fondos de pensiones españoles.

La creciente liberalización del sector del gas y de la electricidad, encaminada a completar el mercado interior comunitario de ambos productos, ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar la normativa comunitaria en virtud de la cual se ha determinado hasta ahora el Impuesto sobre el Valor Añadido de estos suministros. Así, la aprobación de la Directiva 2003 /92/CE hace necesaria la modificación de los preceptos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que determinan dicho tributo.

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